El Gobierno, contra el P2P

El Ministerio de Cultura, el de Industria, el sector audiovisual y los proveedores de servicios de Internet (ISP) quieren acabar con las redes de intercambio de archivos, más conocidas como redes P2P. Según leemos en El Periódico de Aragon, 2009 será el año en la que la persecución por parte del Gobierno a las tecnologías que facilitan la piratería de contenidos audiovisuales se incrementará considerablemente.

No es la primera vez que lo oímos, pero es cierto que cada vez más gobiernos, presionados por las respectivas sociedades de autores de cada país (en el nuestro la SGAE), han puesto en su punto de mira a las redes P2P y toda la descarga ilegal de música y películas que hay detrás de ellas. En España, el titular del Ministerio de Cultura, César Antonio Molina, anunció que "en poco tiempo habrá una normativa que regule la piratería en Internet". Parece que el Gobierno ya está estudiando fórmulas para que los usuarios de estas redes se sientan presionados, aunque sus portavoces reconocen que serán "medias muy poco populares". Sin ir más lejos, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, dijo hace poco tiempo en Bruselas que incluso estudian medidas legales paa que los proveedores de acceso a Internet avisen a los usuarios que descarguen contenidos protegidos con copyright, todo ello como un primer paso, que seguramente acabará con retiradas temporales de la conexión a la Red o incluso multas.

Ayer mismo publicamos que Hustler Europe, filial europea de la mayor compañía de entretenimiento para adultos de todo el mundo, quiere llegar a acuerdos con los ISPs para que les cedan los datos de la gente que descarga sus vídeos pornográficos y amenazarles de llevarles a juicio si no pagan una multa que todavía no se ha especificado. Además, no sólo estas voces contra las redes P2P se escuchan en España, otros países cono Reino Unido, Francia o Canadá también han "declarado la guerra" a las redes de intercambio de archivos, por mucho que la Comisión Europea haya dicho recientemente que cortar el acceso a Internet a los usuarios de redes P2P no es la mejor manera de acabar con el problema.

Sin embargo, la realidad es que hace meses que proveedores de acceso a Internet como Ono, Telefónica u Orange negocian con la industria audiovisual (con la SGAE vigilando el proceso) para controlar las descargas ilegales. El modelo a seguir es el francés, donde hay un proyecto de ley en el que todo internauta que después de haber sido advertido tres veces siga haciendo uso de redes P2P para bajarse contenidos protegidos, acabará quedándose sin conexión a Internet.

Lo que está claro es que el proceso no va a ser sencillo, ya que esta intromisión de los ISP buscando entre el historial de nuestras conexiones para localizar acceso a redes P2P parece una violación del derecho a la privacidad de cada persona. Actualmente todo esto se puede hacer con la orden de un juez (vital para casos de pederastia o incitación a la violencia, por ejemplo), pero en el momento en que exista la ley, todo sería muy sencillo y habitual.