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Operadoras contra Obama

La industria de la banda ancha estadounidense englobada en US Telecom desconfía del plan del gobierno Obama que prevé invertir 4.200 millones de dólares para dotar de servicios de Internet a zonas carentes de ellos, como zonas rurales. Recelos que en otros países como España son realmente curiosos, ya que las grandes operadoras no invierten en zonas determinadas por baja rentabilidad y sin embargo critican por competencia desleal, al ser los organismos públicos los que lo hacen.

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La industria de la banda ancha estadounidense englobada en US Telecom desconfía del plan del gobierno Obama que prevé invertir 4.200 millones de dólares para dotar de servicios de Internet a zonas carentes de ellos, como zonas rurales. Recelos que en otros países como España son realmente curiosos, ya que las grandes operadoras no invierten en zonas determinadas por baja rentabilidad y sin embargo critican por competencia desleal, al ser los organismos públicos los que lo hacen.

AT&T y Verizon indicaron en un comunicado que recoge la agencia Reuters que estaban analizando los requisitos para dar créditos y subvenciones a los interesados o beneficiados del plan de Obama, que pueden incluir a gobiernos locales, estatales y organizaciones con y sin ánimo de lucro.

"Nos preocupa que algunas de las normas aprobadas parecen ir mucho más allá de las actuales leyes y normas de la FCC", dijo el presidente de USTelecom, Walter McCormick. Una norma difundida por el departamento de Agricultura y Comercio de EEUU que forma parte de un programa de 7.200 millones de dólares para construir una estructura asequible de Internet de alta velocidad en áreas rurales.

Las grandes operadoras, a las que no les interesa invertir en estas zonas por su supuesta baja rentabilidad, han indicado que esta norma “va demasiado lejos” y “puede retrasar la reactivación económica en la industria de las telecomunicaciones y la creación de puestos de trabajo en el sector”.

Argumentos similares a los esgrimidos en España para mantener una normativa que el ciudadano de a pie no comparte y que permite que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones pueda negar la creación de zonas WiFi públicas en las grandes ciudades, o redes municipales para dotar de servicios de Internet de banda ancha en municipios rurales carentes de ellos.

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