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Muy pocos registros de móviles

A tres meses de que los teléfonos de prepago no identificados sean desconectados del servicios de telefonía, más de 12,2 millones de usuarios todavía no han facilitado sus datos a la operadoras de telefonía móvil. Tan sólo tres millones de móviles han cumplido este trámite exigido por la Ley de Comunicaciones electrónicas impulsada por el Ministerio de Interior del Gobierno. Al ritmo que van las identificaciones, para el 8 de noviembre más de 9 millones de líneas perderían su número.

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A tres meses de que los teléfonos de prepago no identificados sean desconectados del servicios de telefonía, más de 12,2 millones de usuarios todavía no han facilitado sus datos a la operadoras de telefonía móvil. Tan sólo tres millones de móviles han cumplido este trámite exigido por la Ley de Comunicaciones electrónicas impulsada por el Ministerio de Interior del Gobierno. Al ritmo que van las identificaciones, para el 8 de noviembre más de 9 millones de líneas perderían su número.

El 8 de noviembre es la fecha límite. En ese momento todos los teléfonos de prepago que no estén identificados tendrán que ser dados de baja para que las operadoras puedan cumplir la Ley de Comunicaciones Electrónicas que ha ido difundiendo con la campaña Identíficate el Ministerio del Interior. No obstante, no parece que los usuarios estén muy por la labor: todavía 12,2 millones de líneas incumplen la ley, según informa Expansión.

Los abonados en modalidad prepago de las principales compañías -Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo- representan el 55% de sus clientes, por lo que las operadoras son las primeras interesadas en que sus usuarios se identifiquen con sus datos por medio del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, tal y como exige la ley aprobada en noviembre de 2007.

Sin embargo, a día de hoy sólo tres millones de líneas de prepago han cumplido el trámite, por lo que si el ritmo sigue tan lento, en la fecha prevista más de nueve millones de clientes perderían su número de móvil y línea sin opción a recuperarla. Desde las operadoras se acusa al Ministerio de Interior, propulsor de la ley, de un escaso compromiso en la labor informativa para la identificación de las líneas.

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