Cerrojazo de webs en marcha

Cerrojazo de webs en marcha
4 de enero, 2010

El Gobierno español tendría perfilado el procedimiento para cerrar las web de descargas que alojen o faciliten la descarga de archivos infractores de derechos de autor, según informa El País. La futura (y polémica) Comisión de Propiedad Intelectual actuará como órgano denunciante, propondrá el cierre de un determinado portal y con autorización judicial previa podrá cerrarse una web en menos de un mes mediante un procedimiento rápido.

 

A juicio de El País, con la modificación de las disposiciones finales del anteproyecto de Ley de Economía sostenible que permitía la suspensión del servicio de Internet a los usuarios y el cierre de web sin control judicial, “el Gobierno intentaría dar una solución salomónica que contente a la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole tal y como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas, y de paso calmar a gran parte de la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa”, cuya demanda provocó una rebelión en la Red sin precedente

 

 

En el caso de las descargas de Internet, el organismo administrativo será la controvertida Comisión de Propiedad Intelectual. Ésta tendrá la potestad de pedir autorización judicial para que la página web que vulnere los derechos de propiedad intelectual retire los contenidos ilícitos o, en su caso, sea bloqueada. El juez deberá decidir si la solicitud está fundamentada, si la Comisión es competente para pedir el bloqueo de esa página y si al hacerlo no se vulnera ningún derecho fundamental.

 

Antes de que un juez adopte cualquier medida cautelar, será preciso otorgar una serie de garantías a los dueños de las páginas web, como concederles un plazo para que supriman los elementos ilícitos de las páginas afectadas, cuya duración podría rondar los tres días, como sucede en el caso de la publicidad engañosa.
El trámite entre la solicitud del cierre de la web y la concesión o denegación del mismo será “brevísimo”, menos de un mes, y, en “casos especiales, incluso en una semana”, según fuentes del Ejecutivo.

 

Esperaremos confirmación aunque ya adelantamos que este tipo de medidas exclusivamente sancionadoras no han funcionado ni funcionarán en otros países, sin la necesaria educación pública y la oferta de nuevos modelos de negocio con Internet como protagonista y contenidos accesibles y asequibles.

 

 

Además, hasta la fecha, las web de enlaces P2P (hacia donde enfoca la normativa) han sido declaradas legales por todas las sentencias emitidas en España, por lo que nos tememos que todos estos cerrojazos a base de “juicios rápidos” acabarán en la justicia ordinaria.

 

Otro aspecto relevante será el intento de cierre de servidores y dominios alojados fuera de España (la mayor fuente de descargas). ¿Cómo se cerrarán éstos? ¿Migrarán a ellos todas las web españolas? Y la pregunta del millón: ¿se venderán más discos con este tipo de normativa? Claramente no por mucho que las sociedades de autor se empeñen en establecer el cuento de la lechera que dice que cada canción descargada “ilegalmente” se corresponde con la pérdida de venta “legal”.
 

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