Cerrojazo Web, aprobado

Cerrojazo Web, aprobado
9 de enero, 2010

Vuelve la polémica a Internet con la aprobación por el Consejo de Ministros de la nueva redacción sobre las descargas en Internet contenidas en la disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Un híbrido administrativo-judicial dirigido desde el Ministerio de Cultura por la Comisión de Propiedad Intelectual y un juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional encargado de garantizar la revisión judicial de las medidas restrictivas. Los Internautas están en contra.

 

El mecanismo para el cierre de webs pasa por la creación por el Ministerio de cultura de una segunda sala de la Comisión de Propiedad Intelectual, formada por entre 4 y 6 personas: un juez de prestigio (en excedencia o servicios especiales) que haya presidido algún importante tribunal, alguien del mundo tecnológico, representantes de los usuarios (internautas) y consumidores así como de los creadores.

 

Esa nueva sala de la Comisión, gestionará la denuncia de quienes consideren que una página web distribuye contenidos cuyos derechos no detentan. Comprobada la denuncia se enviarán dos avisos a la web y si no responde o corrige la actividad, retirando el contenido, la denuncia y los requerimientos serán enviados al juez, pero no a cualquier juez, sino siempre a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Pero ojo, el juez sólo garantizará que la medida restrictiva no daña o conculca la libertad de expresión o cualquier otro derecho fundamental protegido por la Constitución, sin entrar a valorar si se vulnera o no la propiedad intelectual en una página web y la ilegalidad de las mismas.

 

 

Así, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional tendrá 4 días para notificar, oír a las partes y decidir si se aprueban o suspenden las medidas restrictivas propuestas por Cultura. Después las partes, podrán demandar su caso ante la justicia ordinaria prolongando el caso años, aunque la página ya estará cerrada.

 

Todo un monstruo administrativo-judicial que ya está siendo criticado en Internet. La Asociación de Internautas califica de “atajo” la solución del gobierno y propone directamente la eliminación de la disposición de esta medida del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y el desarrollo de una nueva regulación a través de una ley orgánica “en condiciones”.

 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez-Subías, aseguró que se trata de una medida “innecesaria”, ya que entiende que es un “apaño” con una decisión del juez “meramente administrativa”.

 

En cuanto a la Coalición de Creadores, como se esperaba están encantados y su director Joan Navarro consideró la nueva Ley como “un paso muy positivo” que permitirá la creación “entre 15.000 y 30.000 puestos de trabajo”.

 

 

 

Abogados especializados como Carlos Sánchez Almeida están en absoluto desacuerdo, explicando que el procedimiento empleado por el gobierno está dirigido a proteger derechos fundamentales como el de reunión o manifestación, en caso de prohibición administrativa. “Poner al mismo nivel de esos derechos la propiedad intelectual es un insulto a la inteligencia”.

 

Para Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, estas reformas aprobadas por el Gobierno suponen “una discriminación con el resto de sectores económicos y productivos”. Si se protegen los derechos de los autores, argumenta, “¿por qué no los derechos de las tintorerías, y por qué no de los garajes?” A falta de conocer los detalles del texto, De la Cueva cree que el Gobierno está “alterando la jerarquía de valores más elemental” al equiparar la propiedad intelectual con los derechos fundamentales.

 

José Ramón Chaves, abogado experto en Derecho Público, todos estos cambios tienen como objetivo mantener una “vía privilegiada para los titulares de propiedad intelectual” que “contarán con el brazo protector del Ministerio de Cultura para defender sus derechos”. En su opinión, “los autores cuentan con una prerrogativa de tinte feudal, ya que la Corona (esto es, el Ministerio de Cultura) correrá en su auxilio y hará el trabajo sucio de cerrar las webs molestas o sospechosas”.

 

 

El periodista Ignacio Escolar que estuvo en la reunión con la Ministra lamentó que la propiedad intelectual en Internet “tenga juicios rápidos” que no se producen en otras situaciones que “preocupan” a la sociedad. “No hay un juicio rápido para desahuciarte de una casa si no pagas el alquiler, tampoco para un crimen ni para prácticamente nada. No entiendo por qué el Gobierno legisla así para una actividad que no es tan enorme problema como quiere hacernos entender la ministra”, señaló.

 

El destacado bloguero y también asistente a la reunión con la ministra en diciembre, Enrique Dans, incide duramente en la misma línea: “La única manera de arreglar ésto es eliminar dicha Disposición Final Primera, que además nunca debió llegar ahí ni tiene nada que ver con la sostenibilidad de más economía que la de algunos caraduras, y depurar además responsabilidades sobre los mecanismos por los que una “coalición de predadores” que representa los intereses de una industria en declive puede dedicarse a dictar las leyes en este país”.

 

Como vemos, y a pesar del anuncio de la Ministra de Cultura de “satisfacer a todas las partes”, Internet está que arde. Ahora, el anteproyecto de Ley será remitido al Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado, que emitirán informes no vinculantes para posteriormente pasar al Parlamento. Continuará.
 

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