La Red española está que arde. La normativa del gobierno permitiendo la suspensión del servicio de Internet al usuario y el cerrojazo de páginas web (sin orden judicial) por un organismo administrativo, colada por la puerta trasera en la Ley de Economía Sostenible, está provocando una reacción sin precedentes en Internet. Tanto que periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet están firmando un manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en Internet".

No ha gustado nada a los internautas la nueva normativa incluida en las disposiciones finales del anteproyecto de Ley de Economía sostenible que modificará la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información permitiendo la suspensión del servicio de Internet a los usuarios “para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual”.

Una medida cuya implantación ha sido negada repetidamente desde el Gobierno pero que se incluye claramente en el texto de la nueva norma por mucho que la Ministra de Cultura intente “tranquilizar los ánimos” insistiendo que no se cortará el servicio de Internet a los usuarios.

Otra de las polémicas de la normativa, más preocupante todavía que la anterior, es la posibilidad de que un organismo administrativo pueda cerrar páginas web P2P y otras, sin orden judicial. Además, esta “Comisión de Propiedad Intelectual” será dependiente del Ministerio de Cultura, al que ya se le acusa de estar influido por las sociedades de derechos de autor como la SGAE, promotor de la norma. Medidas, avisadas la semana anterior por la comisaria de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, que indicó que España tendría problemas con su legislación antidescargas ante la Unión Europea y que ahora cobran bastante sentido. Los medios hablan ya del nacimiento de la policía cultural en Internet.

Por su parte, Asociaciones de Internautas y de Usuarios de Internet (AI y AUI) consideran que esta normativa es una provocación y un ataque a los derechos fundamentales. "Los derechos de autor no son derechos fundamentales como puede ser la infancia o la seguridad". No es de recibo que el Gobierno "ponga por encima" el derecho de propiedad intelectual al "derecho a la intimidad" y proponga cortar la conexión a Internet para evitar descargas ilegales. "Nos parece inaceptable de todo punto", insisten, recordando que en España “ya existe el canon digital, que legaliza los intercambios de archivos entre particulares sin ánimo de lucro".

Tampoco ha ayudado en nada que el mismo día que se anunció la nueva Ley, un grupo de músicos y de la industria discográfica se concentrara frente al Ministerio de Industria para pedir al Gobierno una ley de la Música que luche contra las descargas ilegales en Internet a base de mano dura como hacen en Francia y en Reino Unido, pidiendo en esencia que se corte el servicio de Internet a los usuarios.

Un grupo de músicos con 2.500 firmas recibidos con todos los parabienes por el Ministro de Industria. Un detalle que tampoco ha sentado nada bien entre los Internautas recordando que las Asociaciones de Internet no fueron recibidos tras recoger 275.000 firmas en una manifestación similar, preguntándose si valen más las firmas o los votos de los artistas que de los ciudadanos, haciendo hincapié en los “supuestos favores” debidos por el actual gobierno a los músicos y organizaciones de derechos de autor por la “campaña de la ceja”.

Todo esto ha provocado la indignación en la red de redes y producido un "Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet" que reproducimos íntegramente a continuación. Un texto que los autores (varios y anónimos) pretende que, si te parece, lo copies en tu blog y redistribuyas por toda la Red. En MC nos gustaría conocer tu opinión sobre este polémico y preocupante asunto, que puedes expresar libremente –como de costumbre- en los comentarios. 

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.