¿Deben usar software de código abierto las administraciones públicas?

«Si el software se financia por una fuente pública, su código debería ser de código abierto», titula Linux Journal un artículo en el que revisa el incremento de uso de software de código abierto en las administraciones públicas, sus beneficios y todo lo que aún queda por hacer.

Open Source es uno de los movimientos más importantes de la tecnología mundial. El término (software de código abierto) refiere el software distribuido y desarrollado libremente y va mucho más allá de las cuestiones éticas o de libertad que le suelen acompañar, porque ofrece hoy modelos de negocio que aceleran el desarrollo de industrias enteras, crean estándares de facto y ofrece beneficios prácticos para un desarrollador, profesional o empresa por su acceso al código fuente y la posibilidad de usarlo y modificarlo sin restricciones de licencias.

El fenómeno es imparable y solo hay que ver los movimientos de Microsoft (recordemos, primer productor mundial de software propietario) en torno al Open Source. Eso en empresas, pero ¿qué ocurre en las administraciones públicas cuya infraestructura TI pagan todos los ciudadanos? Linux Journal señala que se le presta menos atención a este ámbito, pero es un campo de batalla importante. Y muy difícil de conseguir como mostró el experimento de Múnich, volviendo a Windows cuando hace una década decidió migrar su infraestructura TI desde Windows y Office a Linux y suites ofimáticas de código abierto.

Una decisión que supuso todo un espaldarazo al uso del software libre en la administración pública por el gran número de equipos actualizados (15.000) y por la importancia de la ciudad que lo llevó a cabo. La vuelta a software de Microsoft la explica Linux Journal por «fallos en la administración de TI y no del código en sí» y por tratarse de un caso pionero que se remonta a 2003. No evalúa la actuación de Microsoft en un caso que la compañía tomó como «cuestión de estado» conscientes del perjuicio que para sus intereses podía suponer este proyecto si tenía éxito y se convertía en ejemplo a seguir por otras administraciones.

El caso Múnich ha dado un vuelco en los últimos años, pero desde entonces se han iniciado decenas de proyectos de software de código abierto en las administraciones públicas. Linux Journal señala unos cuantos:

• La Gendarmería francesa ha migrado 70.000 PCs a Gendbuntu, una versión personalizada del sistema operativo Ubuntu.
• 15 ministerios franceses han cambiado a LibreOffice.
• El Ministerio de Defensa holandés está migrando todos sus equipos a LibreOffice.
• El Ministerio de Defensa italiano cambiará más de 100.000 escritorios de Microsoft Office a LibreOffice en 2020.
• 25.000 computadoras de los hospitales de Copenhague migrarán de Office a LibreOffice.
• Tirana, el municipio más grande de Albania ha anunciado este mes que moverá miles de computadoras de escritorio a LibreOffice.
• El 80% de la inversión TI de la ciudad de Barcelona este año será de código abierto.

Código abierto en administraciones públicas: mucho más que ahorro de costes

Un primer factor que impulsa la aceptación por parte de departamentos gubernamentales es el potencial del Open Source para reducir costes. Sin embargo, Linux Journal aconseja no exagerar este aspecto, ya que todos los proyectos de software importantes tienen costes asociados de implementación y soporte. «Los departamentos que eligen software libre simplemente porque creen que ahorrará mucho dinero de formas obvia probablemente se sentirán decepcionados, y eso será malo para la reputación de código abierto y los proyectos futuros».

Destacando que el código abierto es libre, pero no gratis, considera tan importante como cualquier ahorro de costes el uso de estándares abiertos. Esto garantiza que no haya bloqueo de una solución propietaria, y facilita mucho el acceso y la conservación a largo plazo de los archivos. «Para los gobiernos con una responsabilidad más amplia para con la sociedad que simplemente ahorrar dinero, esa debería ser una consideración clave, incluso si no lo ha sido en el pasado», señalan.

Ventajas del software de código abierto las administraciones públicas

Los defensores del código abierto han señalado acertadamente que el software libre es una opción natural para cualquier organización que requiera soluciones basadas en estándares abiertos, interoperabilidad y componentes reutilizables. Es un elemento clave de la nueva estrategia digital de la Comisión Europea y de países como Reino Unido, uno de los más adelantados al nombrar el Open Document Format for Office Applications Version 1.2 como el formato predeterminado para compartir o colaborar con documentos desde y hacia el gobierno británico.

La explicación de su uso es obvia y debería ser un referente en cualquier administración pública de otros países: «No podemos tener documentos importantes publicados en formatos que no cumplan con los estándares abiertos. Los documentos del gobierno son para todos. Ya sea que esté usando Windows, Mac, GNU / Linux, Chrome OS, iOS, Android o cualquier otro sistema, tiene derecho a leer, editar y compartir lo que hemos escrito y continuaremos nuestro viaje para hacer que los documentos sean abiertos y accesibles».

El uso de estándares abiertos no es el único gran beneficio de pasar al Open Source, según el análisis de Linux Journal. Otro es la transparencia y la privacidad. Recientemente, el gobierno holandés denunció que la telemetría de Microsoft Office incumplía la GDPR, mencionando una “recopilación de datos personales a gran escala y encubierta” en las suites ofimáticas de Microsoft, Office 2016 y Office 365 de ProPlus, que alcanzaba a 300.000 empleados gubernamentales. El cambio a soluciones de código abierto no garantiza que los datos personales no se filtren, pero sí garantiza que los problemas de los sistemas de TI puedan solucionarse rápidamente, algo que no es el caso de los productos de código cerrado.

Hay otras ventajas. El software financiado con fondos públicos que se publica como código abierto puede ser utilizado por diferentes departamentos, e incluso por diferentes gobiernos, para resolver problemas similares. Ello abre el camino para la retroalimentación y la colaboración, produciendo un mejor código y una innovación más rápida. Y el código de fuente abierta está disponible automáticamente para las personas que lo pagaron: los contribuyentes.

La apertura y revisión por miles de terceros puede permitir que lleguen sugerencias para mejorar, encontrar errores o desarrollarlos para producir nuevas aplicaciones. «Nada de esto es posible si el código del gobierno se mantiene bajo llave por parte de las compañías que lo escriben en nombre de los contribuyentes», comentan.

El País Vasco entendió eso mismo en 2012 y promulgó una ley que requería que todo el software desarrollado para el gobierno fuera publicado como código abierto. Más recientemente, el gobierno canadiense también ha establecido esto mismo en la nueva Directiva sobre Gestión de Tecnologías de la Información donde siempre que sea posible se utilice primero estándares abiertos y software de código abierto y todo el código deba ser publicado bajo una licencia de software de código abierto apropiada.

Finalmente, hay una razón lógica para el uso de software de código abierto en las administraciones públicas como señala la Free Software Foundation Europe: «Si es dinero público, también debería ser un código público».

Es tu turno de opinar. El Open Source es, en general, un fenómeno imparable del que nadie (ni siquiera los grandes productores de software propietario se quieren quedar fuera), pero todavía queda muchísimo por hacer en las administraciones públicas que pagamos entre todos.