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La ley Hadopi 2 aprobada

La Asamblea Nacional francesa aprobó la polémica ley antipiratería de Sarkozy que suspenderá al servicio a Internet a los usuarios que realicen descarga de archivos protegidos por derechos de autor, aunque tras el varapalo del constitucional francés, la norma retira las atribuciones que el gobierno había asignado a la autoridad administrativa Hadopi y será un juez quien sustancie los casos de piratería y las sanciones. El Partido socialista, que votó en contra, ya ha anunciado un nuevo recurso.

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La Asamblea Nacional francesa aprobó la polémica ley "antipiratería" de Sarkozy que suspenderá al servicio a Internet a los usuarios que realicen descarga de archivos protegidos por derechos de autor, aunque tras el varapalo del consejo constitucional francés, la norma retira las atribuciones que el gobierno había asignado a la autoridad administrativa Hadopi y será un juez quien sustancie los casos de piratería y las sanciones. El Partido socialista, que votó en contra, ya ha anunciado un nuevo recurso.

Como estaba previsto y con los votos del partido de Sarkozy, la Asamblea Nacional aprobó (una vez más y van…) una nueva versión de la ley "antipiratería", a la que aún le queda un nuevo texto final que tendrá que ser ratificado finalmente en el Senado y nuevamente en la misma Asamblea.

Además, el Partido socialista ha anunciado un nuevo recurso al Consejo Constitucional, lo que alargará de nuevo un proceso que dura ya más de dos años, desde que Sarkozy se empeñó en una Ley que los socialistas consideran “represiva, inútil y liberticida”, que ha puesto en pie de guerra a los internautas franceses y a los grupos de derechos y que incluso fue desautorizada en el Parlamento Europeo en sus planteamientos iniciales.

La norma prevé la suspensión del servicio a Internet entre un mes y un año a los usuarios que realicen descarga de contenido protegido por copyright. Tras el tirón de orejas del Consejo Constitucional, la autoridad de Hadopi quedará relegada al envío de las notificaciones de infracción a los internautas pero tendrá que ser un juez quien determine e imponga las sanciones.

Sanciones que vendrán acompañadas de la obligatoriedad de seguir pagando el servicio durante el tiempo de “condena”, un aspecto que traerá cola en cuanto un internauta encausado lo lleve a los tribunales. Frente a planteamientos iniciales de 365.000 sanciones anuales, no se esperan que se puedan alcanzar ni 50.000, dado el colapso del sistema judicial y a pesar que estos casos serán juzgados por la vía rápida.

¿Frenará esta ley la descarga de contenidos digitales cuando un 57 por ciento de internautas franceses entre 18 y 25 años confiesan descargar y compartir archivos protegidos? Y más importante ¿logrará la ley que se vendan más discos, películas o que la gente vaya más al cine? La mayoría de analistas consideran que no, con lo que la utilidad de la ley será nula y los perjuicios evidentes ya que la monitorización de las redes será total para descubrir a los usuarios que la incumplan.

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