Sindicato docente rechaza la campaña de la SGAE en centros educativos

La Confederación de sindicatos de trabajadores de enseñanza rechaza de plano la campaña de adoctrinamiento educativo que Promusicae y SGAE pretenden llevar a cabo en los centros públicos de enseñanza.

STEs, uno de los principales sindicatos corporativos del sector se ha posicionado en una nota de prensa en el debate surgido tras conocerse el ‘panfleto’ sobre el ‘buen uso de Internet’ editado por la entidad que engloba las principales productoras musicales españolas (Promusicae) que cuenta con el apoyo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Federación para la protección de la propiedad intelectual (FAP).

El sindicato considera «un despropósito la intención de la SGAE y otras empresas de gestión de derechos de autor de realizar una campaña de difusión de su posición política en todos los centros educativos del Estado«.

Aunque la STEs- entiende que «la propiedad intelectual es un derecho que merece ser respetado, no admite que una serie de dudosos intermediarios incremente el precio de los productos culturales para enriquecerse a costa de las personas que consumen esas mercancías. Mucho menos, que pretendan, constituidos en grupos de presión, manipular al alumnado de los centros educativos«.

Al ser menores de edad en su inmensa mayoría, sus servicios jurídicos estudian incluso si la distribución del panfleto «podrán constituir un delito a la luz de la legislación sobre protección de menores». Por ello la STEs-I «exige que las correspondientes administraciones, empezando por el mismo Ministerio de Educación, den a la mayor velocidad una explicación sobre el particular, e impidan inmediatamente que grupos privados suplanten a la propia Administración y trasladen a menores de edad sin el consentimiento de sus tutores y tutoras legales opiniones que están muy lejos de generar consenso alguno».

Rematando una durísima nota de prensa, STEs-I «rechaza sin duda el abuso inaudito que supone la pretensión de la SGAE y su clase mediática, y rechaza que se enmascare como valores ciudadanos lo que no es sino el interés en mantener un negocio privado que mezcla derechos que pueden ser legítimos con condiciones abusivas, universales e indiscriminadas que conducen a expoliar el bolsillo de las consumidoras y los consumidores».

Casi nada…