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Ley de Economía Sostenible -Sinde- finalmente RECHAZADA

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Ley de Economía Sostenible -Sinde- finalmente RECHAZADA 30

Tras una movida mañana en el Congreso de Ministros, el punto de la Ley de Economía Sostenible se ha tratado. Después de un debate inicial el ministro de Fomento, José Blanco, mostró una oposición frontal a la aprobación de la Ley, afirmando «que sería el final del PSOE«.

Es decir, el gobierno del PSOE dejará el poder sin sacar adelante una de las propuestas más restrictivas para los internautas.

Esta mañana conocimos que el punto iba a ser tratado en la sesión de hoy. #LeySinde es uno de los trending topics del día en España donde los usuarios respaldan un manifiesto lanzado desde la Asociación de Internautas titulado «Un gobierno en funciones no puede aprobar la Ley Sinde»:

«Ante la previsible aprobación dentro de unas horas de la polémica «Ley Sinde», los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando, como hicimos en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet de 2 de diciembre de 2009, nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

Seguimos manifestando, como hicimos en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet de 2 de diciembre de 2009, nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet”, dicen a modo de introducción de este nuevo manifiesto.

Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks, por lo que insistimos en estos razonamientos:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia”.

Nos libramos de Ley Sinde, al menos de momento, ya veremos cuando se produzca el cambio de Gobierno cómo trata el PP el tema.

5 comentarios
  • Titular: «Ley de Economía Sostenible -Sinde- finalmente RECHAZADA»
    No os habéis enterado de nada.
    El Consejo de Ministros no es quién para aprobar o rechazar leyes.
    La Ley de Economía Sostenible ya se aprobó el pasado mes de Febrero, por parte de quienes aprueba las leyes, que son el Congreso y el Senado.
    De lo que se informa es de la propuesta de un reglamento para aplicar a la disposición adicional 43ª, que es esa pequeña parte de la Ley de Economía Sostenible que se ha apoderado del protagonismo. El reglamento es una norma jurídica complementaria, no preceptiva para la aplicación de las leyes. Explicado con palabras sencillas, el reglamento es el manual que explica a los burócratas cómo aplicar la ley, para que no se pierdan.
    Sin reglamento, la Ley se puede aplicar igualmente, aunque históricamente no se suele hacer, porque sin un reglamento que detalle y clarifique cómo debe aplicarse la Ley, pueden surgir problemas. Supongo que incluso aunque el Ministerio no cometiera errores en la aplicación, habría lugar para la interposición de innumerables recursos contencioso-administrativos discutiendo la forma elegida por el Ministerio para cumplir la Ley.
    Es de suponer que sin reglamento, la aplicación de la disposición adicional 43ª de la Ley de Economía Sostenible queda momentáneamente en suspenso. La cuestión queda en manos de las nuevas Cortes; en caso de que no se anulara la Ley de Economía Sostenible, quedaría en manos del nuevo Gobierno; y en caso de el nuevo Gobierno no hiciera nada, la cuestión quedaría en el limbo jurídico donde ya han ido a parar innumerables otras cosas, como por ejemplo la Formación Profesional de III Grado.

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