El Congreso español aprueba el «decretazo digital» ¿La «Ley mordaza» para controlar Internet?

La Comisión Permanente del Congreso ha aprobado con los votos favorables de PSOE, PP y Ciudadanos, el Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre, de medidas urgentes para la administración digital. Una norma tremendamente polémica, sin precedente en la democracia española y que está levantando ampollas en todos los ámbitos, ya que algunos juristas y activistas creen que es una norma inconstitucional que viola derechos fundamentales.

El conocido como «decretazo digital» permitirá al Gobierno asumir (de forma transitoria) la gestión directa de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En la práctica, el Gobierno podrá cortar comunicaciones y redes como Internet en toda o en una parte del territorio sin orden judicial previa, alegando una alteración del ‘orden publico’.

La aprobación conlleva la adaptación del apartado 6 del artículo 4 de la Ley General de Telecomunicaciones, cuya redacción quedará literalmente como sigue: «El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Esta facultad excepcional […] podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».

Según defendió la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, el decreto es una «norma urgente dada la situación política actual» y está concebida para combatir los ciberataques contra infraestructuras críticas, el espionaje, las actividades de desinformación y fake news en procesos electorales y otras ciberamenazas como el hackeo de móviles o el robo de datos personales.

Decretazo digital ¿Necesidad política, técnica o ninguna?

A nadie escapa que el «decretazo digital» tiene un interés político de altos vuelos y es la respuesta directa al secesionismo catalán para frenar la conocida como «República digital catalana», un intento de los dirigentes de la Generalitat de crear un gobierno virtual en la sombra, independiente del control del Estado.

Tal es así que una norma cuya importancia hubiera necesitado de un proyecto de Ley Orgánica (y no un decretazo) que se hubiera tramitado tras la consulta a expertos con tranquilidad, proporcionalidad y consenso si lo que se perseguía -de verdad- era reforzar la seguridad en Internet, ha recibido críticas gruesas desde todos los partidos (incluyendo los que la han aprobado) y ha producido extraños compañeros de viaje.

«Produce perplejidad que hoy estemos aquí para tragar con este decreto, incluso si puede ser tumbado por inconstitucional, para luchar contra la república digital catalana», dijo Ana Vázquez, portavoz del PP, aún votando a favor de su aprobación. Igual que Ciudadanos aunque tildó la norma de “chapuza legislativa”. Mientras, su otro socio natural, VOX, votó en contra explicando que, «esto es una trampa, es un caballo de troya. Lo que están ustedes planteando es un control de las voces y los datos. Este real decreto parece estar redactado por Faemino y Cansado. La Constitución ya tiene mecanismos para este asunto, deberían aplicarla y no un micro-estado de excepción para atajar problemas de orden público», dicen

«Permite que sea el Gobierno, y no un juez, el que corte el acceso a Internet, redes sociales y servicios electrónicos. El redactado afecta de una forma tan flagrante a la libertad de expresión que permitiría al Gobierno censurar fotos y contenidos en plataformas como Twitter o Facebook. Se podrán cerrar webs o pinchar cualquier canal de comunicación. La censura en Internet es un peligroso sendero», señaló la portavoz de ERC, votando (junto a VOX) en contra. Mientras, Unidas Podemos, se abstuvo (a pesar de ser contrario a la letra y espíritu de este decreto) seguramente para no enturbiar las negociaciones que lleva a cabo con el PSOE para formar el gobierno de coalición.

El resultado: extraños compañeros de viaje y mucha incongruencia y politiqueo en una materia fundamental que hubiera requerido otro tipo de debate y de trámite.

Críticas en las asociaciones de Internautas y grupos pro-privacidad

«Nos convierte en China. Allí es posible cortar la red de forma muy granular, a un grupo concreto de personas, o en una celda de un barrio. Con esto el Gobierno se otorga los mismos poderes», ha señalado Enric Luján, profesor de ciencia política de la Universidad de Barcelona y miembro fundador de la organización de defensa de la privacidad, Críptica.org.

«Es un planteamiento abiertamente inconstitucional. Se abusa del poder que otorga el real decreto ley. No es una situación de excepcional urgencia y se está aprovechando la excusa de Cataluña para colarnos algo que en realidad afecta a las libertades y derechos fundamentales de todos los españoles. Vulnera el derecho al acceso a la información e incluso otros como el derecho a la huelga. Cualquier protesta que incomode al gobierno puede ser reprimida por esta vía», comentan.

Lejos de derogar la Ley Mordaza, @sanchezcastejon la modifica mediante un #DecretazoDigital para que todos tengamos que ir por internet con el DNI en la boca. pic.twitter.com/5Qp21z3mkA

— Almeida (@bufetalmeida) November 26, 2019

El conocido jurista Carlos Sánchez-Almeida, especializado en Internet y miembro de la plataforma PDLI, es otra de las organizaciones que se plantea la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Y coincide en el diagnóstico general de este decretazo digital: «Esto no es un 155 digital ni un estado de excepción digital, como vende el independentismo. El 155 está pensado para el control de una CCAA y esto permite el control de todo el territorio nacional. Pero sí es una ley inconstitucional que nos afecta a todos. Cualquier protesta de agricultores, de personas contra los deshaucios, de obreros… lo que sea, puede ser reprimida».

Si el @Congreso_Es convalida hoy el #DecretazoDigital, desde la @PDLI_ promoveremos, junto con @internautas, @usuariosdeinter y quien se quiera sumar, su anulación con el T. Constitucional https://t.co/jN0AXAW7UY

— PDLI (@PDLI_) November 27, 2019

La PDLI junto con la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), y las organizaciones y expertos que se quieran sumar, van a promover la nulidad del decreto y llevarán el caso ante el Defensor del Pueblo solicitando que esta institución interponga un recurso de inconstitucionalidad. Estas organizaciones consideran que no se dan circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad -como requiere el artículo 86 de nuestra Constitución- que justifiquen por parte del Gobierno disposiciones legislativas provisionales en forma de Decreto-ley y pide que esta materia sea regulada, con todas las garantías necesarias, como un Proyecto de Ley durante la próxima legislatura.

Lo dicho. Una cuestión superpolémica (otra más tipo Ley Sinde) que necesitaría otro tipo de debate y no un «decretazo digital» en medio de un clima político que para qué te vamos a contar. Tras la aprobación en la Comisión Permanente del Congreso se inicia una cuenta atrás de tres meses para la presentación de recursos de inconstitucionalidad, pero es improbable que la aplicación de la norma se pare.