Sony, StudioCanal y un modelo que sigue castigando al consumidor

Siempre me ha parecido curioso que la industria digital siga utilizando el verbo comprar con absoluta naturalidad para describir operaciones que, en realidad, cada vez se parecen menos a una compra. Cuando pagamos por un libro, un disco o una película en formato físico damos por sentado que ese producto pasa a ser nuestro. Nadie puede llamar unos años después a nuestra puerta para recuperarlo. Sin embargo, en el mundo digital llevamos demasiado tiempo aceptando una realidad muy distinta, y Sony acaba de volver a recordárnoslo de la peor manera posible.

Sony ha actualizado la información relativa a PlayStation Video para informar de que, debido a la expiración de los acuerdos de licencia con StudioCanal, determinados contenidos dejarán de estar disponibles para los usuarios. La comunicación, redactada con un tono casi administrativo, se limita a explicar que las películas afectadas desaparecerán de las bibliotecas digitales de quienes las adquirieron y da las gracias (?). No hay mucho más. Ninguna explicación detallada, ninguna disculpa por el perjuicio ocasionado y, sobre todo, ninguna referencia a posibles medidas para compensar a quienes pagaron por ese contenido.

Y ese es, precisamente, el primer aspecto que me parece criticable. Es cierto que Sony puede no ser la responsable directa de la expiración de la licencia, pero sí lo es de la relación que mantiene con sus clientes. Cuando un consumidor compra contenido a través de PlayStation Store no está negociando con StudioCanal, sino con Sony. Es Sony quien procesa el pago, quien entrega el contenido y quien ha utilizado durante años el concepto de «compra» para comercializarlo. Por eso resulta difícil entender que una situación como esta se comunique con tanta frialdad, como si retirar de una biblioteca digital películas por las que miles de personas pagaron fuera poco más que una incidencia administrativa.

La otra parte implicada tampoco sale especialmente bien parada. StudioCanal tiene pleno derecho a gestionar sus licencias y a decidir cómo explota su catálogo, pero cuesta entender que una compañía que recupera los derechos de distribución no contemple ninguna fórmula para proteger a quienes adquirieron esas películas de buena fe. Bastaría con ofrecer códigos de canje en otra plataforma, facilitar el acceso mediante un servicio alternativo, proponer una compensación económica o incluso permitir conservar el acceso a quienes ya habían pagado por esos títulos. Sin embargo, la solución elegida vuelve a ser la más sencilla para las empresas y la más perjudicial para el consumidor: retirar el contenido y dar el asunto por cerrado.

Lo más preocupante es que este caso está muy lejos de ser una excepción. Ya hemos visto situaciones similares en otras plataformas digitales, donde películas, series, libros o incluso videojuegos han desaparecido por cambios en los acuerdos de licencia. El problema no es únicamente que ocurra, sino que la industria parece haber normalizado un modelo en el que el comprador asume todas las consecuencias de decisiones comerciales tomadas entre empresas, pese a no haber incumplido absolutamente ninguna de las condiciones de uso.

Y ahí es donde creo que conviene detenerse un momento. Si una película puede desaparecer de nuestra biblioteca años después de haber pagado por ella, quizá deberíamos dejar de hablar de compras y empezar a utilizar términos mucho más precisos. Porque comprar implica adquirir la propiedad de un bien. Lo que realmente estamos haciendo en muchos servicios digitales es pagar por una licencia de acceso cuya duración depende de contratos sobre los que el consumidor no tiene absolutamente ningún control. No es solo una diferencia jurídica; es una diferencia enorme en las expectativas que genera una palabra tan cotidiana como «comprar».

Siempre he defendido las ventajas del formato digital. Es cómodo, inmediato y ofrece posibilidades impensables hace apenas unos años. Pero precisamente por eso creo que la industria tiene la obligación de tratar a sus clientes con mucha más honestidad. Sony y StudioCanal pueden tener motivos perfectamente válidos para poner fin a su acuerdo comercial, pero resulta difícil aceptar que quienes pagaron por esas películas sean los únicos que soporten las consecuencias. Si una «compra» puede desaparecer años después con un simple aviso legal y sin la menor compensación, quizá el problema ya no sea solo este caso concreto. Quizá haya llegado el momento de cuestionar seriamente un modelo que sigue presentando como propiedad lo que, en realidad, nunca ha dejado de ser un permiso de acceso revocable.