El Congreso gastará un millón de euros en tablets y PCs para los nuevos diputados

Este fin de semana hemos conocido que el Congreso español comprará 490 tabletas electrónicas y 699 sobremesas para los nuevos diputados (y personal de la cámara) que surjan de las elecciones de diciembre, realizando un gasto superior al millón de euros.

Es fácil caer en la demagogia con estos temas. Vaya por delante que somos de los que pensamos que a un diputado que representa a millones de ciudadanos hay que dotarle de todos los medios (incluidos los informáticos) para realizar su labor, que no debería ser otra que la de servicio público.

Sin embargo, la catarata de críticas en redes sociales y foros de Internet no se ha hecho esperar y con bastante fundamento en mi opinión personal. «Llueve sobre mojado» en este tipo de compras y la sensibilidad ciudadana después de tantos desmanes (por no hablar de corruptelas por doquier, despilfarro y -algunos- de robo al herario público), no aguanta más.

La licitación del equipamiento es pública pero no está abierto al tipo de tablet a utilizar. Resulta que tienen que ejecutar obligatoriamente iOS lo que nos deja esta convocatoria pública más bien cerrada porque solo hay un modelo que satisfaga el contrato: los iPads de Apple.

El argumento es que la cámara ha desarrollado diversas aplicaciones para dispositivos móviles con sistema operativo iOS, «que facilita las tareas parlamentarias» por lo que los tablets para los próximos cuatro años tienen que ser iPads. Y no solo iPads, sino también smartphones, lo que deja el contrato exclusivamente en manos de un solo modelo, los iPhones de Apple que pasan por ser los más caros del mercado. ¿No se han podido crear aplicaciones universales que permitan contratos verdaderamente abiertos según necesidades?

Además, el pasado año ya se entregaron tablets que «facilitaron tareas parlamentarias» tan esenciales como pegarle duro al Candy Crush, véase a Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados en plena sesión parlamentaria. ¿Dónde están esos tablets? ¿De quién son? ¿No se pueden recuperar y entregarse a los nuevos diputados?

Aunque no es tanto cuestión del dinero como del caso, podríamos seguir con el precio medio de compra de los nuevos equipos que se acerca a los 900 euros y aunque incluye soporte es obvio que podría adquirirse más económico. No vamos a aburrirte o a cabrearte según el caso porque los ejemplos de descontrol y falta de sensibilidad en esto del equipamiento tecnológico a los políticos se repite. Lo vimos cuando la pasada Asamblea de Madrid votaron la compra de 160 tablets a 2.200 euros cada uno o la de Aragón, aprobando smartphone y tablet nuevo cada dos años y pago de banda ancha para su casa. ¿Nuestros políticos no conocen el fenómeno del BYOD? ¿No entienden que la desafección por la política vienen también por este tipo de casos?