Francia da el primer paso para gravar cada giga descargado de Internet

Internet podría encarecerse en Francia por una propuesta fiscal que ha superado su primera votación parlamentaria: cobrar 5,5 céntimos por cada gigabyte de datos enviado a los usuarios. La Asamblea Nacional aprobó el 30 de octubre una enmienda a los presupuestos de 2027 que, de salir adelante definitivamente, afectaría especialmente a las plataformas de vídeo y distribución digital. Para hacerse una idea, descargar un videojuego de 100 GB generaría una carga fiscal de 5,50 euros. Eso no significa que el comprador deba pagar automáticamente esa cantidad: el impuesto estaría dirigido a las empresas que suministran el contenido, no a quienes lo descargan.

La iniciativa pretende que las grandes compañías tecnológicas contribuyan más a la recaudación francesa, estimada por sus promotores en 10.000 millones de euros anuales. El gravamen se calcularía a partir del volumen de información que llega a los clientes, con topes relacionados con la facturación de las empresas afectadas. Los proveedores de acceso a Internet serían responsables de medir esos flujos y comunicar periódicamente los datos a Hacienda, sin inspeccionar el contenido de las comunicaciones ni identificar los hábitos individuales de los abonados. Netflix, YouTube o las tiendas de videojuegos figuran entre los negocios potencialmente más expuestos, precisamente porque distribuyen archivos y emisiones de gran tamaño.

La gran incógnita es quién terminaría soportando el coste. Las plataformas podrían absorberlo, compensarlo con otros ajustes o trasladarlo a los clientes, parcialmente o en su totalidad, mediante precios más altos. En el caso de un videojuego de 100 GB, repercutir íntegramente la tasa equivaldría, en el ejemplo teórico, a añadir 5,50 euros a su descarga; el impacto real dependería también de los límites previstos y del modelo comercial de cada empresa. La propuesta ha salido adelante pese al rechazo del Gobierno francés y del ponente presupuestario, pero todavía debe continuar su tramitación y podría modificarse o desaparecer antes de convertirse en ley. Por ahora, Francia ha abierto un debate con consecuencias potencialmente devastadoras para el consumo de contenidos digitales.

Más información / Imagen generada con IA