Google rechaza eliminar los contenidos que pide la Agencia Española de Protección de Datos

En los últimos seis meses la Agencia Española de Protección de Datos ha exigido a Google que elimine 270 resultados de sus búsquedas, la mayoría relacionados con medios de comunicación y blogs que hablan de particulares y personajes públicos.  Ninguna petición va acompañada de orden judicial y todas han sido desestimadas.

Que Google reciba peticiones de organismos públicos para retirar enlaces no es ninguna novedad. En el informe detransparencia que Google publica cada semestre aparecen 43 peticiones realizadas en territorio español (39 en el anterior). Se puede acceder a esta información en la web http://www.google.com/transparencyreport/removals/government/

Una orden judicial no siempre implica acatamiento por parte de Google. En Mountain View aseguran que se analiza cada caso de manera invidual y que un 68% de las solicitudes que llegan acompañadas de un refuerzo judicial son aceptadas, retirando los enlaces que permiten acceder a esos contenidos desde sus servicios. En el caso de peticiones «no formales» el porcentaje se queda en un 48%.

«En Google nos preocupa que quieran retirar información no solo los sospechosos habituales sino democracias occidentales no asociadas con la censura» asegura Dorothy Chou, analista de políticas públicas de la compañía, recordando que no hay solicitudes de Gobiernos como el chino porque directamente eliminan el contenido. En solo 10 años los países que censuran contenidos en Internet han pasado de 4 a 42, según datos de OpenNet.

La disputa entre Google y la Agencia Española de protección de Datos tiene un transfondo legal complejo. Para la Agencia es necesario respetar el derecho al olvido esto es, la capacidad de una persona para para suprimir y bloquear informaciones que afecten a su privacidad o a su dignidad. Google, como en el caso de las descargas, argumenta que ellos no alojan el contenido, sino los únicamente los enlaces que permiten llegar hasta a el. El caso, que ya ha pasado por la Audiencia Nacional, se ha elevado al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Cuando se dicte su sentencia, será de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea (UE).