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Nuevo golpe a Internet: el Gobierno quiere cerrar webs sin autorización judicial

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La Ley 2/2011, conocida popularmente como “Ley Sinde-Wert”, ha sido uno de los textos más polémicos y más cuestionados de todos los que han salido del legislativo español en los últimos años por un motivo muy sencillo: permitía el cierre de webs sin autorización judicial, una medida que se suavizó añadiendo una excepción: aquellos casos concretos en los que se pudiera vulnerar el derecho a la libertad de expresión debían contar con dicha autorización.

En este artículo ya hablamos de ella y vimos sus claves más importantes. Por desgracia parece que al ejecutivo de Pedro Sánchez le ha sabido a poco, ya que el Gobierno, con el impulso de PP y Ciudadanos, ha decidido que quiere llevarla al extremo y terminar con esa pequeña garantía judicial que todavía existe en la Ley 2/2011.

La idea es muy sencilla: en su modelo actual la Ley 2/2011 pone en manos de una comisión la decisión de proceder o no al cierre de una o varias webs. Dicha comisión depende del Ministerio de Cultura, lo que significa que se trata de un organismo creado por éste y que por tanto sus decisiones pueden carecer de independencia y acabar siendo arbitrarias.

Con esa garantía judicial se salvaguardaban derechos fundamentales, una garantía que el Gobierno quiere eliminar. En su redacción actual la propuesta de PSOE, PP y Ciudadanos parece vulnerar claramente el artículo 20 apartado cinco de la Constitución Española, que dice claramente:

“Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial“. 

Esto quiere decir que la enmienda podría ser susceptible de un recurso de inconstitucionalidad si acaba siendo aprobada, cosa que no dudamos ya que entre esos tres partidos políticos suman los votos necesarios para conseguir una mayoría simple y sacarla adelante.

¿Qué lleva al Gobierno actual a querer tumbar una garantía que ellos mismos impusieron cuando se estaba gestando la Ley Sinde? No lo sabemos, pero desde luego es una mala noticia, ya que añade un claro elemento de arbitrariedad y subjetividad a una decisión tan importante como el cierre de páginas webs.

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