¿Linux, prohibido en Francia?

La polémica ley HADOPI francesa que regula las descargas de ficheros en Internet en ese país podría obligar al uso de software especial para ese control de descargas. Lo malo es que el software podría no funcionar en Linux. Y teniendo en cuenta que el software spyware sería obligatorio para los internautas franceses, eso haría teóricamente complicado usar GNU/Linux para que se conectaran a Internet, lo que sería desastroso.

Como indican los creadores del blog Open…, resulta bastante irónico que los franceses, tan famosos por su "liberté, egalité, fraternité", estén poniendo en marcha este proyecto abusivo para los derechos y la privacidad de los usuarios. La polémica ley HADOPI podría ser un punto de inflexión en el control de las comunicaciones, y el famoso sistema de los tres avisos para controlar las descargas en Internet podría acabar con uno de los pilares de la red de redes.

Obviamente no todos ciudadanos franceses -ni mucho menos- están de acuerdo con esa ley, y de hecho hace poco un empleado de la cadena privada de televisión TF1 mandó un correo electrónico a su jefe en el que expresaba su repulsa a la puesta en práctica del proyecto HADOPI. Pues bien: el mail llegó a oídos del director de la cadena, gran amigo de Sarkozy, y le despidió únicamente por mostrar su opinión personal respecto a ese tema tan delicado.

Sin embargo, aparte de las meras consecuencias directas existen otros efectos que aún no han podido cuantificarse. En otro blog llamado Know Future Inc. han publicado las notas sobre el denominado por ellos "Programa de Spyware Nacional", que según el autor del artículo original será una de las consecuencias de la aplicación del conjunto de leyes HADOPI. En concreto, se habla claramente de esa posibilidad en dos de los artículos:

"Art. L. 331-30. – Tras la consulta con esos sistemas de desarrollo de seguridad diseñados para prevenir el uso ilícito del acceso a los servicios de comunicación públicos on-line (Internet), o las comunicaciones electrónicas, la gente cuyo negocio es ofrecer el acceso a esos servicios y las empresas gobernadas por el capítulo dos del libro (Código de Propiedad Intelectual) y las organizaciones propietarias de los derechos, la Alta Autoridad hará públicas las especificaciones funcionales pertinentes que estas medidas deben comprender para ser consideradas, a sus ojos, como una exoneración de la responsabilidad del suscriptor al acceso (el internauta) como se ha definido en el artículo L. 336-3".

Ese artículo se complementa con el segundo, al que hace referencia:

"Art. L. 336-3. – El poseedor del acceso a servicios de comunicación públicos on-line (Internet) o comunicaciones electrónicas está obligado a asegurar de que este acceso no es usado para propósitos como la reproducción, visualización, puesta a disposición, o comunicación al público, de trabajos protegidos por el copyright o por un derecho similar, sin la autorización de los propietarios de dichos derechos establecidos en los libros 1 y 2 (del Código de la Propiedad Intelectual) cuando sea necesario. No satisfacer la obligación establecida en el párrafo anterior puede resultar en un castigo de acuerdo con las condiciones definidas por el artículo L. 331-25".

Esas dos leyes parecen hacer obligatoria la instalación de un software spyware que el ISP proporcione a sus clientes (los internautas) para poder controlar esas descargas, ya que si no lo hicieran el gobierno podría sancionarles debido a esos artículos. Lo curioso de este caso es que esas aplicaciones podrían no funcionar bien con GNU/Linux, lo que haría que los usuarios de este sistema operativo y otras plataformas "no compatibles" no pudiesen acceder a Internet:

"La Asamblea también ha pospuesto una serie de enmiendas que podrían dar la exención a los suscriptores si los sistemas no son interoperables con el software de seguridad, con una primera asunción que consideraría el hecho de que el sistema es demasiado antiguo. Un Windows "antiguo" con software caro instalado en él, por ejemplo. O software libre…"

De ser esa la intención del gobierno francés, nos encontraríamos ante una nueva afrenta a la libertad y privacidad de los usuarios, que tendrían que instalar un software de control específico que además les obligaría a utilizar ciertas plataformas para poder acceder a Internet. Esperemos que todas estas consecuencias en realidad no se produzcan y la ley HADOPI no se aplique de forma práctica.