Políticos corruptos se enriquecen con el control del tráfico en España

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), ha detenido a 39 personas en el marco de una macro operación de nombre en clave «Enredadera» contra una red corrupta que presuntamente amañaba las adjudicaciones públicas de sistemas de control del tráfico rodado en España.

La UDEF pone en el centro de la operación a la compañía tecnológica Aplicaciones Gespol S.L, una subsidiria del grupo Sacyr en la que se habría apoyado la red corrupta para obtener comisiones a cambio de adjudicación fraudulenta de contratos administrativos.

No se cortaban. En el amaño manipulaban datos de tráfico y e incluso las bases de datos de siniestralidad para justificar la colocación de semáforos y radares con pura voluntad recaudatoria, según fuentes cercanas a la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y la Fiscalía Anticorrupción.

La trama criminal operaba desde hacía ocho años en todo el territorio español e implicaba a políticos, empresas y también mandos policiales, con afectación principal en el ámbito local para conseguir que los municipios compraran tecnología para el control del tráfico, como programas informáticos de seguridad vial, a precios muy por encima de los del mercado.

También se «adjudicaban» la gestión administrativas de las multas y para evitar la competencia pública de otras empresas tecnológicas, fraccionaban los contratos en cantidades que permitían ser negociados sin publicidad.

La mayoría de políticos detenidos son del PP, aunque también hay del PSOE y de Ciudadanos. El presunto «conseguidor» de los amaños sería el constructor y empresario José Luis Ulibarri, también imputado en el caso Gürtel. Otro de los detenidos principales es el presidente de la Asociación de jefes de la Policía Local (Unijepol), José Francisco Cano, junto a otros jefes policiales y agentes.

La operación no ha hecho más que comenzar y se esperan registros y detenciones por toda España. Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

El grupo Sacyr ha emitido un comunicado en el que asegura que desde que adquirió Gespol en el año 2016, ha obtenido adjudicaciones por un importe global de 1,5 millones de euros, con una media aproximada por contrato de 5000 euros. La empresa asegura que ya ha abierto una investigación para verificar si ha habido alguna actuación irregular.

Entre tú y yo. Si se analizan al detalle las adjudicaciones públicas, las tecnológicas y todas las demás, tendríamos que cerrar las administraciones… Y el chiringuito corrupto que tienen unos pocos que se lucran del dinero de todos. Una buena temporada bajo rejas y la devolución -con intereses- de todo lo robado… ¡Qué país!