La policía vigila las redes P2P

El Tribunal Supremo ha establecido que los datos que circulan por Internet a través del programa eMule u otros de similares características (P2P) son públicos. Por este motivo quedan avalados los rastreos de la policía en estas redes sin autorización previa. Las asociaciones de internautas no entienden cómo datos protegidos por el derecho a la intimidad y por el derecho al secreto de las comunicaciones pueden salir a la luz.

Los rastreos informáticos del equipo de Delitos Telemáticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Internet tienen el amparo de la ley, siempre y cuando se trate de programas de difusión masiva de datos, pasando a considerarse datos de dominio público.

Desde esta unidad de la policía se persiguen delitos relacionados con el cibercrimen. Fue creada para investigar, dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, todos aquellas delitos que se sirven de Internet o de las nuevas tecnologías para su comisión. Su origen se remonta al año 1996 y actualmente participa en numerosos foros convirtiéndose en un referente de la colaboración internacional entre las unidades de lucha contra la delincuencia informática.

Según un responsable de esta unidad, “quien utiliza un programa P2P como el eMule asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de Internet, circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales datos no se encuentran protegidos por el artículo 18-1º ni por el 18-3 de la Constitución“. Concluye que “no se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma“.

La Guardia Civil, en octubre de 2005, aprovechó la celebración en Sevilla del IV Foro Iberoamericano de Ciberpolicias para iniciar búsquedas rastreando las redes de intercambio de archivos para averiguar el nombre de usuarios que descargasen o compartiesen archivos de contenido ilegal. Apoyándose en dichos rastreos obtuvieron un listado de claves de acceso que los proveedores de servicios de Internet asignan a cada ordenador en el momento en el que se conecta a la Red y que permiten identificar el número telefónico desde el que se produce la conexión. Dicho listado fue presentado en un juzgado de Sevilla, al que reclamaron una orden para que los proveedores de servicios de Internet identificasen al titular de las referidas claves. 

Ahora la polémica está servida, ya que el Tribunal Supremo ha dado la razón a esta forma de actuar por parte de la unidad de la Guardia Civil dedicada a investigar el cibercrimen.
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