La Coalición, a por las webs

La Coalición, a por las webs
20 de junio, 2009

No podemos vencer a los Internautas, vamos contra las páginas web. Esta parece ser la nueva estrategia elegida por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos que representa a las sociedades de gestión de derechos de autor e industria musical, cinematográfica y de videojuegos, con una propuesta enviada al gobierno sobre las descargas en Internet y P2P, que ceja en su empeño de persecución al internauta durante un año, a cambio de establecer un marco legislativo que permita cerrar 200 páginas web que a su juicio son las que surten en España el contenido protegido.

 

El cambio de rumbo parecía obligado tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley de tres avisos francesa y el rechazo de las principales operadoras españolas agrupadas en Redtel a convertirse en la policía de Internet. Operadoras que según la Coalición financian los portales de descargas ilegales con publicidad y se lucran con ellos, “ya que la piratería aumenta el tráfico en sus redes”.

 

 

El portavoz de la Coalición aclaró que no se trata de una renuncia definitiva al sistema de avisos, sino de una moratoria de un año, en los que los usuarios de programas P2P gozarían de “inmunidad” para realizar descargas. Al término de ese año, se evaluaría la eficacia del sistema contra la “piratería”, centrado ahora en la persecución de las webs, y se decidiría si se cambia de modelo.

 

La propuesta de la Coalición enviada a los ministerios de cultura e industria iría por ese camino y consistiría en advertir con un primer y único aviso a los responsables de portales P2P o descargas, para que cesen su “actividad ilícita”, tras lo cual, si no hay rectificación en la conducta, se procedería a la interrupción definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores españoles, el bloqueo para acceder a ellas o la interrupción del servicio.

 

Este cerrojazo estaría en manos de un organismo administrativo como la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y necesitaría de cambios legislativos. Un problema jurídico de consideración, ya que las páginas web aludidas son perfectamente legales en España y así lo ha declarado la abundante jurisprudencia surgida tras las demandas judiciales interpuestas por la SGAE e industria.

 

 

Legislación sancionada además por el Parlamento europeo cuando recientemente ha rechazado la reforma de las telecomunicaciones del continente, reafirmando que sólo la autoridad judicial puede cortar la conexión e intervenir páginas web.

 

El portavoz de la Coalición anunció que en los próximos días publicarían la lista con las 200 páginas web que ofrecen el contenido protegido. La polémica está servida ya que estos portales no ofrecen contenido alguno en sus servidores y únicamente listan la disponibilidad de material en Internet. Argumento empleado como decíamos por el poder judicial, para declarar su legalidad.

 

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