Donald Trump demanda a Twitter, Facebook y YouTube

Era poco probable que Donald Trump se quedara de brazos cruzados tras ser vetado de una plétora de redes sociales y servicios online hace unos meses. Algunas de esas expulsiones, como la de Facebook, son de carácter temporal y sometidas a revisión cada ciertos meses, mientras que otras, como la de Twitter, son definitivas y no cabe recurso alguno contra ellas. Y en todos los casos, pero especialmente en el de Twitter, dejaron a Donald Trump sin su principal altavoz mediático, sin la herramienta de comunicación que tanto criticaba pero a la que, a la vez, tanto partido sacaba.

Recordemos que el veto al expresidente se produjo a consecuencia de su apoyo al fallido intento de golpe de estado (pues eso fue el asalto al Capitolio, aunque haya quienes quieran verlo de otro modo), probablemente el ataque más directo que ha sufrido la democracia estadounidense en más de dos siglos. Uno puede estar a favor o en contra del veto de Donald Trump en las redes sociales, pero es indudable que apoyar a una turba violenta y antidemocrática está muy por debajo de lo que cabría esperar de alguien que, en ese momento, todavía era el presidente de Estados Unidos.

Sea como fuere, prácticamente desde su salida forzada de las redes sociales, el equipo de Donald Trump no ha dejado de generar expectativas sobre el retorno del expresidente a Internet. Primero fue con From the Desk of Donald J. Trump, un blog (sí, en 2021) que no llegó a cumplir un mes de vida, y más recientemente se ha especulado con su posible vinculación con la recién inaugurada y ya hackeada GETTR, que según hemos podido leer, además del ataque del que te informamos ayer, también se ha visto inundada de contenido sexual para adultos de temática de animales humanoides («furro», en denominación coloquial).

Así, parece que la vuelta de Donald Trump a Internet por sus propios medios se complica, y que ha medida que ha perdido exposición pública, su imagen va perdiendo cierto fuelle, algo que va en contra de sus planes de volver a la primera línea de la política, y de optar a un segundo mandato en las presidenciales de 2024. Necesita, porque son clave en su política de comunicación, las redes sociales, y para intentar regresar a las mismas ha optado por demandarlas.

Tal y como podemos leer en Engadget, el expresidente ha demandado a Twitter, Facebook y YouTube, así como a Jack Dorsey, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai (curiosamente la demanda se dirige al máximo responsable de Google, no a Susan Wojcicki, máxima responsable de YouTube), alegando violaciones de la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos. Recordemos en qué consiste exactamente la misma:

El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.

Así, y como ya han planteado varios juristas, lo más probable es que las demandas interpuestas por Donald Trump no tengan demasiado recorrido judicial, y que en todo caso podrán resultarle útiles para recuperar algo de visibilidad pública, en un momento en el que parece que el interés por el expresidente decae lenta pero constantemente.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

La clave la encontramos en que la primera enmienda prohíbe la limitación de la libertad de expresión y de prensa por parte de los poderes públicos, no por las empresas y entidades privadas, categoría a la que evidentemente se adscriben las redes sociales demandadas por Donald Trump. El gobierno federal estadounidense no puede intervenir, en todo caso le corresponde actuar a la justicia si como fruto de dichas comunicaciones se vulneran otros derechos fundamentales. Dicho de otra manera, el poder judicial puede determinar el borrado de un contenido o el cierre de un medio, pero el ejecutivo no.

Obviamente los abogados de Donald Trump son conscientes de ello, por lo que han recurrido a una sorprendente filigrana, al intentar hacer ver que, debido a su trascendencia, las redes sociales van más allá de ser empresas privadas, al punto de trascender a actores estatales, al mismo nivel que el ejecutivo, razón por la que tendrían que actuar como este y, en consecuencia, no podrían eliminar publicaciones ni vetar cuentas.

El problema para Donald Trump es que la Corte Suprema de Estados Unidos ya se enfrentó, hace dos años, a una situación similar, una causa en la que Brett Kavanaugh, miembro de dicho órgano por nombramiento del propio Trump, escribió en la sentencia: «Una entidad privada que abre su propiedad a la palabra de otros no se transforma por ese solo hecho en un actor estatal«. En ese caso era una ONG que gestionaba varios canales de televisión, pero el fondo es el mismo.